Guatemala: No es corrupción, es saqueo organizado por el gobierno

Una multitudinaria manifestación de más de 15 mil personas se llevó a cabo el sábado pasado y culminó en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.

A ocho meses de terminar su mandato, el gobierno de Otto Pérez Molina está envuelto en un nuevo escándalo por defraudación y contrabando que involucra al gabinete y la vicepresidencia. Una nueva crisis política con miles de personas indignadas que salieron a las calles a exigir la renuncia del propio presidente y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Con más de 15 mil personas, se llevó a cabo el sábado 25 de abril una protesta en repudio al gobierno, que culminó en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.

Existe un fuerte descontento de un gran sector de la población, cansado de la depredación y saqueo bajo el mandato del derechista Partido Patriota.

Desde el inicio de su mandato, Pérez Molina aparece desligado de las necesidades de la población, lo cual era previsible bajo el gobierno de un partido integrado por militares y ex militares, empresarios y los sectores más conservadores de la política.

La presidencia está marcada por el robo al erario y el escándalo: Enriquecimiento ilícito, relaciones clientelares, fraudes, desvío de recursos, corrupción, sobornos y hasta armamento “perdido”, que se presume fue vendido al narcotráfico.

Uno de tantos escándalos con participación y complicidad gubernamental

En mayo de 2012 Armando Paniagua, entonces director del Fondo Nacional para la Paz, aprobó la compra de equipo como pilas, pupitres y láminas, a un costo 40% por encima de su valor. El escándalo por Q1.4 millones repercutió a nivel nacional y Otto Pérez decidió en enero de 2013 cerrar el instituto, operación que supuestamente concluirá en 2019.

En julio de 2012 un siguiente escándalo por tráfico de influencias, involucra al jefe de protocolos de Roxana Baldetti, la vicepresidenta, que permitió al propietario de Aqualife, Ernesto Rossel, el ingreso ilegal al país de 623 corales marinos vivos, provenientes de Miami, luego de ser detenido en el aeropuerto y se encarga del despido de los empleados que le impidieron el paso.

También en 2013, se dieron a conocer antiguos nexos de la vicepresidenta Baldetti, con la narcotraficante Marllory Chacón, conocida como “La reina del sur”, a la par de su enriquecimiento familiar.

La extensión de un área del aeropuerto, para la construcción de una sala de espera en 2,800 metros cuadrados, fue el siguiente escándalo de 2013, donde el gobierno benefició con un contrato por 15 años al mismo empresario que defraudó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) diez años atrás.

Varios hechos salieron a la luz pública durante 2014. Enriquecimiento y evasión fiscal del director del Fondo de Desarrollo Social, Rafael Santizo Hernández, así como Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta. Salió a la luz el valor de la finca de la vicepresidenta valuada alrededor de Q30 millones, encima de su poder adquisitivo, lo cual es realmente común bajo en este gobierno donde secretarios de gobierno, funcionarios, ministros y el propio presidente disponen de millonarias propiedades. El desvío de millones de quetzales a empresas inexistentes y servicios nunca realizados. Espionaje y censura a la prensa. Y hasta el escandaloso caso de 1,449 granadas perdidas de instalaciones del ejército que ha la fecha nadie puede explicar y posiblemente fueron vendidas al narcotráfico.

El caso del ex militar Kaibil Juan de Dios Rodríguez

Mención aparte merece el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, militar retirado con formación como Kaibil, en la llamada “escuela de asesinos”.

Hace más de 30 años organizaciones sociales, de derechos humanos, familias de desaparecidos políticos en Guatemala y Centroamérica, exigen castigo a los culpables de asesinatos y violaciones a la población durante los conflictos armados en Guatemala, donde los kaibiles protagonizan el pasaje más negro de la historia reciente, de los años 50s a los 80s.

Comunidades enteras exterminadas, asesinatos, violaciones a mujeres y niñas, desapariciones forzadas y brutales torturas, son testimonios contra los kaibiles por testigos sobrevivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no hay un kaibil preso.

De esta herencia militar viene Juan de Dios, siempre ligado a cargos y operaciones de inteligencia militar. Condenado en 2007 a dos años cárcel por herir a dos personas que le cobraron una deuda. Pena suspendida por esta descompuesta ligazón entre el poder judicial y los poderes políticos y militares en Guatemala.

Ya en IGSS, Juan de Dios su cargo es cuestionado por su incapacidad y falta de empatía, pero la corrupción es el principal problema. Ha gestionado favores con funcionarios públicos y autoridades judiciales, que influyen votos a su partido. Sobran las denuncias por abusos que lo llevan a disponer de los recursos del Instituto como una “caja chica”, millones de quetzales en compras llamadas “excepcionales”.

Cuando parecía que todo sería igual para el gobierno

Este año no había sido muy distinto para el corrupto gabinete, se otorgaron licitaciones por compadrazgo a empresas extranjeras sin experiencia, se compraron millones de chips inservibles.

Pero surgió la noticia de la desarticulación de una red criminal dedicada al contrabando y fraude fiscal, dirigida por Juan Carlos Monzón y destapada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU.

Masivas protestas en la capital y varias ciudades del país, fueron destacadas por la prensa como “grandes marchas ciudadanas”, pues es la primera vez desde el fin de la última dictadura en 1986, que los guatemaltecos salen a las calles sin representación de algún partido político.

Éste es un elemento muy importante, que puede abrir reflexiones sobre la necesidad de construir nuevas alternativas independientes de organización para luchar por cambiar el régimen político actual. Pues más allá de las salidas planteadas por la ONU, con todas las “misiones de observación” y comisiones, este organismo no ha hecho nada que lo confronte radicalmente al régimen político.

Algo se mueve en Guatemala y es la juventud junto con otros sectores inconformes, la que cuestiona el orden político actual y encabeza las movilizaciones, como lo hace en otras partes del mundo.

Por lo pronto la exigencia de la población es clara, exigen la salida de la presidencia y su gabinete corrupto.

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