“Falta de pruebas” para Ángeles Pineda y miles de presos procesados por luchar

Corrió la noticia de la revocación del auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, quien ya fue notificada de la resolución que emitió el 24 de abril el Tribunal Unitario.

Confirmada por Apro, en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Esto implica que le abren de nuevo el proceso, para que su defensa pueda presentar más pruebas.
Pineda y Abarca estuvieron prófugos durante un mes, hasta que fueron detenidos y recluidos en penales de máxima seguridad, ella en Nayarit, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y por supuestos nexos con los Beltrán Leiva y la organización criminal Guerreros Unidos.

El argumento legal de esta decisión es que se violó el debido proceso contra Ángeles Pineda al no permitirle aportar presentar pruebas en su defensa, lo cual permite “reponer el procedimiento”.

María de los Ángeles ya había enfrentado un arraigo de 40 días el 5 de noviembre y otro por 20 días el 15 de diciembre, ante la “falta de pruebas” por parte de la PGR, para poder seguir la investigación. Además que en dos ocasiones el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas rechazó emitir una orden de aprehensión para ella de nuevo “por falta de pruebas”.

Un caso que además está plagado de irregularidades, en medio de la repentina renuncia de Murillo Karam, como la extraña detención de los Abarca en el Distrito Federal, que contrasta con otras versiones del hecho. El propio proceso se ha alargado, lo que favorece al desgaste de las movilizaciones que exigen justicia para los normalistas.

¿Justicia, al servicio de quién?

Hace siete meses, miles de personas en México y el mundo preguntamos junto a los padres de los normalistas, ¿dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa?, ¿qué hicieron con ellos? ¿Quiénes protegen a los responsables de su desaparición?
Apenas hace unos días, México apareció en segundo lugar en el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2015, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, que evalúa 59 países dentro de la ONU.

Pero esta impunidad no es fortuita, está enquistada en el régimen político mexicano, de forma tan profunda como su criminalidad. Por eso los crímenes de Ayotzinapa forman parte de un escándalo mundial del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Es en México donde miles de asesinatos, desapariciones, feminicidios y otros delitos quedan impunes. No se logra enjuiciar a los responsables de Ayotzinapa, a pesar que múltiples testimonios han probado la participación no sólo del grupo criminal Guerreros Unidos y de la policía Municipal en iguala, sino los Abarca, del ejército en complicidad con el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y quién sabe cuantos altos mandos militares y federales más.

Los padres de los normalistas, no logran imputar a los políticos y funcionarios que participaron y protegieron estos crímenes, porque son los mismos que dirigen cotidianamente los planes económicos y las reformas estructurales y la militarización que esto conlleva.

Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, pero además, más de 40 mil desaparecidos bajo el gobierno de Calderón, decenas de desaparecidos políticos durante la guerra sucia bajo el priato.

La impunidad es parte de este régimen, no encontramos a los normalistas por la misma razón que no hay culpables a todos estos crímenes, ni de la masacre estudiantil de 1968 o la de 1971, por la misma razón que el genocida Echeverría fue liberado y que desconocemos los nombres de toda la cadena de mando intermedia que obedeció sus ordenes durante más de una década.

Así como no hay responsables por las balas de goma policiales que asesinó un niño en Puebla o de la represión a los jornaleros de San Quintín. Esta es la única justicia, pronta y expedita que conocemos bajo éste régimen. Por eso no hay justicia para los de abajo.

En esta cadena de perversiones, donde el priísta Cuauhtémoc Gutiérrez no puede ser juzgado por dirigir una red de prostitución, mientras las madres y padres de los normalistas son quienes deben buscarlos, ante el carpetazo del gobierno. Así como el gobierno orilla a los padres de jóvenes desaparecidas en México a salir a las calles a buscarlas durante años, hasta que posiblemente encuentren sus huesos o nada.

Valga la pena recordar, que es esta justicia la misma que hoy tiene a dos jueces confrontados por la sentencia obtenida por Carmen Aristegui, la que mantiene miles de jóvenes, campesinos y trabajadores procesados por luchar. Como los indignados que se manifestaron el 1 de diciembre en víspera de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, como los jóvenes detenidos el 2 de octubre y el 10 de junio, Néstora Salgado o Bryan Reyes y Jacqueline Santana a quienes les inventaron cargos o como José Manuel Mireles y los cientos de presos políticos donde la justicia, ahí si es expedita y contundente.

Por eso, es necesario tomar partido, a favor de los padres de los normalistas y por el triunfo de todas las luchas de este país.

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